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Vivimos en un país
donde el respeto a las leyes se aplica al libre albedrío
de los funcionarios públicos, por muy letrados o iletrados
que estos sean. Por ejemplo, a la Ley de la Carrera Administrativa
Municipal ninguna de las 262 alcaldías la respeta.
El Artículo 61 de dicha ley, en
su numeral 3, plantea que es prohibido para los funcionarios y
empleados de carrera ostentar en las oficinas donde trabajan distintivos
o emblemas que los acrediten como miembros de un partido político.
Sin embargo, uno llega a cualquier alcaldía
y lo primero que se encuentra es que el edificio municipal ha
sido pintado con los colores del partido de turno. Igualmente
lucen emblemas partidarios los bienes inmuebles municipales, léase
camiones recolectores de basura, papel membretado, parques, rótulos
que anuncian proyectos, sitios web, en fin, hasta las tasas en
que sirven café a los usuarios.
En algunos municipios, los concejos se
mandan a hacer uniformes con sus colores partidarios y acuden
a los actos de inauguración de proyectos locales identificados
como políticos y no como funcionarios municipales.
En las oficinas de los alcaldes casualmente
los adornos suelen ser identificativos del partido que los apadrina.
Los alcaldes y concejales son incapaces
de concebir que el partido al cual pertenecen solo es el vehículo
para llegar al gobierno local, pues una vez ganan las elecciones,
pasan a gobernar a todos sus conciudadanos y están obligados
a dejar los intereses partidarios.
Claro, si los alcaldes, concejales y empleados
municipales de carrera violan la ley, qué decir de los
ministros, diputados, gobernadores y el mismo presidente de la
República, quienes se declaran en campaña propagandística
cuando por la envestidura y el tiempo están exentos de
ello.
El colmo es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral
son los primeros en violar el Código Electoral cuando se
hacen del “ojo pacho” ante las constantes violaciones
de dicha normativa.
Y es que vivimos en un país donde
violar la ley es casi la ley.
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