¿Cuáles son las reformas a la Ley Penitenciaria que podrían ser aprobadas esta semana por los diputados?

08/08/2018



La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un dictamen favorable para convertir en permanentes las medidas extraordinarias en las cárceles.

El dictamen resalta que las medidas han contribuido a la reducción de homicidios y otros delitos ordenados desde las cárceles. El documento fue aprobado pese a la oposición de organizaciones en pro de la Defensa de los Derechos Humano y en el dictamen se promete que las reformas serán aplicadas respetando los derechos de los reos.

Tal como lo había solicitado el Gobierno, el proyecto incluye la creación de “Centros de Máxima Seguridad” y un régimen de tal naturaleza para los reos de “alta peligrosidad” o “inadaptación extrema a otros regímenes”, así como la restricción de visitas, eliminación de señales de telecomunicación, la realización de audiencias virtuales y un “régimen de internamiento especial”.

LAS REFORMAS

RESTRICCIÓN DE VISITAS

Mediante la incorporación del artículo 14-A, las visitas familiares serán ante la presencia de un custodio, controladas por “medios tecnológicos” y con una separación que impida el contacto físico.

Además, se podrán suspender total o parcialmente las visitas por un plazo máximo de hasta 30 días “por motivos de caso fortuito o fuerza mayor”. Las causales son tan amplias como “construcción de obras, ampliaciones o remodelaciones de infraestructura, adecuaciones en tecnología, celebraciones de audiencias complejas o de alto riesgo, requisas o detección de ilícitos, traslados masivos, problemas de salud de los internos y mejoras del centro en general”.

Además, el período de suspensión se podrá prorrogar por otro tiempo igual si continúan “las circunstancias que lo motivaron”.

También se podrán suspender “la visita de toda clase” hasta por treinta días si se tienen “indicios” de que los reos pueden causar “actos de desestabilización en el centro” o que “tomen parte en actividades vinculadas con hechos delictivos”, ya sea fuera o dentro del penal.

TRASLADOS, ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN

La Dirección General de Centros Penales podrá “organizar y clasificar” las cárceles. Esta facultad se añadirá sustituyendo el numeral 8 del artículo 21 de la Ley.

Además, el director general de Centros Penales podrá autorizar traslados desde y hacia el Centro de Seguridad, pero deberá comunicarlo en los tres días siguientes al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena, así como a otras instancias correspondientes. Las decisiones tendrán que ser de conformidad a los criterios de clasificación de peligrosidad contenidos en la ley. Esto se hará con una reforma al artículo 79.

Actualmente, el Consejo Criminológico Nacional es quien emite las directrices para la clasificación y traslado de los internos.

AUDIENCIAS

Se incorpora un numeral al artículo 69, con el que se establece que los penales deberán contar con salas especialmente diseñadas y equipadas para las audiencias o diligencias judiciales mediante la modalidad de videoconferencia.

Además, con la incorporación del artículo 91-A, se permitirá realizar audiencias judiciales y “cualquier otro acto procesal” sin la presencia de los reos y bastará la presencia del defensor. Luego, al procesado solo se le entregará una copia del video de la audiencia en los siguientes tres días.

CENTROS DE MÁXIMA SEGURIDAD

La figura de “Centros de Máxima Seguridad” se incorporará en el artículo 75 de la Ley, que actualmente solo contempla “centros ordinarios”, “centros abiertos”, “centros de detención menor” y “centros de seguridad”.

Los presos en los Centros de Máxima seguridad no tendrán derecho a visitas familiares ni íntimas.

Este régimen será para reos “altamente peligrosos” que presenten una “actitud hostil, violencia e interferencia, inducción autoría directa en actos de desestabilización al sistema, amenazas o ataques a empleados y funcionarios públicos”. También serán internados ahí los que ataquen o amenacen a cónyugues y familiares de hasta cuatro grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los funcionarios y empleados públicos.

Los traslados a este tipo de penales serán autorizados por el director general de Centros Penales y no hay un período máximo para permanecer en esta reclusión, sino que será durante “el tiempo necesario”, que también será determinado por el referido funcionario.

TELECOMUNICACIONES

Se  incorporará el artículo 80-A estableciendo que se dispondrán de todas las medidas para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones en los penales, granjas penitenciarias, centros intermedios y de detención de menores. Las empresas telefónicas tendrán un máximo de 24 horas para adoptar soluciones requeridas.

No se podrán instalar antenas en un radio de 500 metros de los centros. Tampoco se podrán instalar en el perímetro señales inalámbricas de tecnología Wi-fi o “cualquier otra” en un radio de 100 metros, ni utilizar equipos que emitan señales que lleguen hasta los penales.

Cuando las autoridades tengan indicios de señales procedentes de una residencia o lugar comercial, la Policía Nacional Civil (PNC) podrá realizar inspecciones. Si no se tiene el consentimiento de ingreso, deberán pedir una orden judicial que se emitirá en las siguientes 24 horas. Al detectarse el dispositivo en cuestión, se incautará y se levantará un acta.

Para las personas que ya tienen un contrato con una empresa telefónica en el radio que no es permitido, podrán suspenderlo “sin sanción” por incumplimiento de parte de la compañía. Además, las empresas deberán –obligadamente- cambiar el sistema inalámbrico por uno de cable o “cualquier otro diferente del Wi-fi” en todas las viviendas del perímetro señalado.

RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO ESPECIAL

Este aplicará para los presos con “alto índice de agresividad” y “peligrosidad” o que hayan sido condenados por “narcotráfico, crimen organizado, homicidio agravado, feminicidio, feminicidio agravado, violación, secuestro, extorsión, agrupaciones ilícitas” y “cualquiera de los delitos contemplados en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.

A PENALES, AÚN SIN UNA CONDENA

El artículo 79 se modificará para poder enviar a los penales a las personas que están siendo procesadas por algún delito, y no solo a los que ya fueron condenados a una pena.

Las referidas reformas tienen oposición de organizaciones en pro de la defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quienes advierten –entre otras cosas- que la restricción en las telecomunicaciones en el perímetro de los penales va contra los derechos de los habitantes que habitan en las cercanías.

Los opositores a estas medidas también señalan la peligrosidad de que los traslados se hagan a criterio del director general de Centros Penales y no según estudio del Consejo Criminológico; o que se realicen audiencias en las que la persona acusada podría no estar presente y ser notificada hasta 72 horas después sobre el resultado de la misma.

Aún así, la Comisión de Seguridad alcanzó durante la reunión de trabajo de este día el acuerdo para someter a votación el dictamen. La revisión de la redacción de las reformas a la Ley Penitenciaria se hizo junto con representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La propuesta de reformar la Ley Penitenciaria para hacer permanentes las medidas extraordinarias adoptadas de forma transitoria en abril del 2016 fue presentada el pasado 11 de junio por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

Fuente: www.laprensagrafica.com 

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