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¿Y ahora a quién se culpará?

Escrito por: Joaquín W. Chávez | 2020-09-27 06:30

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Si hay una frase de la que se han adueñado los defensores de la actual administración municipal de Intipucá es que "si son culpables por que las autoridades no se pronuncian" o "si fuera verdad lo que dicen no estuviera tan tranquilo". El momento para poner a prueba la fe ha llegado: en el juzgado contencioso administrativo de San Miguel se ha dictado sentencia decretando la nulidad de la adjudicación de proyectos por parte de la municipalidad.

El proyecto que se ha declarado ilegal y por lo tanto nulo, es el de introducción de agua potable de la Colonia La Magueyera. En esto se debe ser cauteloso, el juez no ha condenado la ejecución de esa obra de beneficio a la comunidad, sino que el proceso que se realizó en la adjudicación del proyecto tenía demasiados indicios de que se buscó beneficiar a una empresa, que, según la sentencia, no cumplía con los requisitos para ser la adjudicataria de la obra.

El proceso judicial se inició por demanda interpuesta por la empresa constructora Parada Jaime, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien juntamente con otras empresas presentó ofertas por la ejecución de la obra de agua potable en La Magueyera. Para sorpresa de esta empresa, la adjudicación de la obra se da a una empresa que ofertó $196 mil por la ejecución, mientras que la empresa demandante había ofertado $170 mil, es decir, 26 mil dólares abajo de la oferta que resultó ganadora.

En la sentencia del caso identificado con el expediente número 00103-19-SM-COPA-CO, el juez hace importantes aportes sobre la legalidad de las actuaciones de los funcionarios, aclarando que el principio de legalidad obliga que todas las actuaciones, en este caso del Concejo Municipal de Intipucá, deben estar en apego a lo que estable la ley, puesto que en el ejercicio de sus funciones, las municipalidades administran fondos públicos que su uso está supeditado a un conjunto de cuerpos legales que se deben cumplir.

En la parte resolutiva del proceso, el Juez de lo Contencioso Administrativo, condena a los concejales que votaron por esa adjudicación ilegal al pago de una indemnización de $170,000.00. Es decir, que la empresa demandante consideró que ese es el daño que recibió al no respetarse el proceso legal, al ser la oferta que presentó. Ahora la empresa tiene vía libre para cobrar ese monto a los concejales y si ellos no tuvieran como pagar, esta suma deberá pagarse con dinero del municipio.

Lo anterior es un claro ejemplo que la irresponsabilidad en las actuaciones de los funcionarios municipales, también repercute de forma negativa en el municipio, las necesidades de la población, cuya solución debería ser la prioridad buscada con los recursos que entran a la alcaldía, tendrán que seguir esperando porque la municipalidad deberá pagar esas indemnizaciones que vienen de una obligación emanada de sentencia judicial.

Desde el portal hemos dado a conocer que ha sido una práctica enraizada en esta administración, de ejecutar proyectos o adquirir bienes a precios superiores al valor del mercado. Incluso la Corte de Cuentas ya ha dejado observado proyectos por tener esos vicios, siendo hasta la fecha el más emblemático el proyecto de la entrada a Intipucá. Sin embargo, ahora la sentencia proviene de una autoridad judicial que incluso certificó expediente a la Fiscalía General de la República por otros indicios de corrupción identificados en esa adjudicación.

Este proyecto contaba con una carpeta técnica financiada por el FISDL y un acuerdo con el JICA que donaría $90,000.00 para su ejecución. Sin embargo, bajo el argumento que el proyecto era una urgencia el edil Leonzo Gallo, desistió de la cooperación de Japón y afrontó el monto total de la obra. Ahora un juez con jurisdicción contenciosa administrativa ha decretado la ilegalidad de la adjudicación y ha condenado al alcalde y su fracción a una indemnización de $170 mil por daños a la empresa constructora que presentó una oferta por igual monto.

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