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Marzo 2006
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¿ El Gran Negocio de las Maras?

Por: José Manuel (Salarruepucá) uno de los mejores escritores intipuqueños

Escribir sobre violencia en nuestro país como que ya no da el “pegue” para algunos. Parece que el disco suena igual por todos lados: la radio, la televisión, la prensa, etc., todos hablando de lo mismo, del descalabro de la violencia, parece hasta rayado, es como cuando la canción de moda empieza a cansar a las audiencias. Sí solo fuera eso, cansancio, pero en realidad la canción mata y sigue de moda, imparable, hasta Dios sabe cuando.

Llevamos ya más de 3 años con el tema de la violencia desbocada de las maras y el “desmadre” por más que hablemos de él, sigue escalando posiciones en la tabla de los grandes problemas nacionales. Efectivamente, aunque para algunos el disco suene rayado, todavía queda mucho baile. En agosto 2006, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), hubieron 370 asesinatos, 40 más que en el mismo mes del año pasado. Es decir, durante el mes de agosto de este año, hubieron de media 12 personas asesinadas al día, un asesinato cada 2 horas. Esto es insostenible. La situación supera ya de lejos a los peores momentos de la guerra.

Según el sentir general de los medios, la ciudadanía y la serie estadística -esa que mide solamente los altercados reportados que terminan en muerte, que en realidad es sólo la punta del “iceberg”- el problema va de “mal” en “peor”. Es un fenómeno social aterrador. No hay por donde agarrarlo. Los programas de “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” parecen que no son lo suficientemente efectivos. La venganza, la extorsión y los asesinatos por parte de las maras no se detienen. Por el lado contrario, el miedo de la otra mara, la ciudadanía, tampoco se detiene, y las fuerzas de seguridad están desbordadas ante el fenómeno.

Recuerdo que el entonces candidato a presidente, el Sr. Tony Saca, dijo textualmente en plena campaña electoral "haremos de El Salvador el país más seguro de América". La promesa, tal como se dijo, parecía creíble, pero el cumplimiento, ese era otro problema más difícil de resolver, por no decir imposible. Bajar los niveles de violencia de El Salvador por debajo de, digamos, Canadá es un reto casi infinito. Basta con un solo dato sanguinario para sostener el argumento: en todo el año de 2005, Canadá registró 2 homicidios y 2.4 intentos de homicidio, mientras que El Salvador registró 330 homicidios sólo en el mes de agosto de 2005. Esto solo pone en evidencia la creatividad surrealista que puede llegar a tener un político para decir tonterías que sencillamente son inalcanzables, con tal de llegar al poder. La culpa de la locura del crimen en el país, claro está, no es de nuestro Presidente Tony Saca, ni de su Administración, sino de los mareros asesinos. Ahora bien, si hacemos una evaluación al Gobierno de Saca como responsable de la gestión de la seguridad, la violencia y el crimen organizado, con datos objetivos sobre la mesa, nuestra sentencia ha de ser clara: un rotundo “suspendido”. En cuanto a su promesa de ser el país más seguro de America: en un buen mascón de fútbol, las cosas se zanjan en 90 minutos, a nuestro Presidente le quedan 3 años para subirse al cuadrilátero y fajarse con los mafiosos y hacer honor a su promesa. Veremos qué tal lo hace. Le deseamos suerte. Por si acaso, ahí le van algunas reflexiones.

¿Cómo se soluciona este “problemón”? Bueno para empezar a dar leñazos aún más duros, se podría elevar a la décima potencia la campaña policial “Superman-o” agresiva. Esta ofensiva policial se podría reforzar sacando la artillería pesada: el ejercito, en especial los batallones Atlacatl y Belloso, como en sus mejores momentos de la guerra. A esto, se le podría unir las unidades especiales de combate de la Fuerza Área. Finalmente, se podría hacer un mando logístico centralizado comandado por las todopoderosas fuerzas del FBI, su unidad estratégica anti-maras.

De estas medidas “extremis”, todas a excepción de la Fuerza Aérea, se han puesto en marcha para aliviar la violencia. Sin embargo, el problema persiste y lo que es peor se agrava aun más. ¿Qué más se puede hacer? ¿Sacar los tanques a la calle? Estamos ante un enorme problema bien “jodido”. Hay estudios que indican que los problemas de violencia no se remedian con soluciones violentas. Y hay otros, los militares, que indican que sí, siempre que se realicen con un efecto “arrasador” y de “limpieza total”, cosa que en nuestro país, por fortuna, no se pueden realizar, debido a las leyes de los acuerdos de paz y los convenios internacionales que se han ratificado. ¿Entonces qué nos queda por hacer? Analicemos el problema más a fondo.

Las maras ya no son aquellas pandillas sueltas que andaban por ahí hostigando al prójimo. Son verdaderas mafias, estratégicamente organizadas, con un organigrama bien estructurado, con jefaturas, direcciones, divisiones y cúpulas pensantes, arraigadas en una ideología de extorsión, secuestro, venganza y asesinato a cambio de la vida. Tristemente, o mejor dicho, “jodidamente”, en esta movida hay gente de todo tipo, ricos y pobres, desde los reclutillas, peones, narcotraficantes, mafiosos de profesión, y, me atrevería a decir, hasta funcionarios públicos.

La razón por la que me aventuro a embarrar algunos funcionarios públicos es bien sencilla: estas maras mafiosas mueven ya una cantidad de dinero demasiado grande. La Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) tiene unas 1000 unidades interdepartamentales sólo en Oriente. A 35 dólares cada bus a la semana saldría, por ejemplo, una recaudación de “impuestos” de 35.000 dólares semanal, unos 150,000 al mes. Esta cantidad exorbitante podría ser la “renta” aplicada a buseros del transporte interdepartamental, solamente en la Zona Oriental del país. Si a esto le añadimos las otras 2 partes del territorio nacional, más todos los otros colectivos, victimas del impuesto de las maras, como el transporte interurbano, el comercio minorista, el pequeño profesional asalariado, o cualquier individuo o empresa con algo de “cash” en sus bolsillos, esto podría ser un gigantesco negocio de dimensiones impensables.

Es difícil creer que toda esa recaudación sea manejada únicamente por unas maras, es sencillamente demasiado dinero. En un articulo de la Prensa Grafica, según el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, “se está trabajando con la fiscalía” para rastrear el flujo de dinero que según la propia PNC “es manejado por la banca nacional”. A mí esto me huele a algo más organizado, de más nivel que de unas simples maras. Estas mafias comienzan a ser ya una amenaza extremadamente peligrosa para la estabilidad del Estado. La violencia en sí es sólo una parte de esta temible ecuación. La otra parte, quizás la más alarmante, es que estas maras y mafias organizadas empiezan a tener ya a su disposición unas cantidades de dinero lo suficientemente importante como para poder llegar a desestabilizar todo el sistema. No quiero ser alarmante, pero el hecho que se hallan abierto sucursales del FBI en territorio nacional significa que las maras y las mafias constituyen ya una amenaza estratégica para el conjunto del Estado.

¿Qué mas se puede hacer para bajar la tensión de los niveles de violencia que amenaza ya al propio Estado? Además de lo que ya se hace, se ha de atacar la raíz del asunto: las jefaturas, las cúpulas y los dirigentes, los que verdaderamente controlan todo este negocio. Hasta ahora, todo el esfuerzo de los programas “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” se han centrado en parámetros policiales y en el endurecimiento de las leyes. Pero eso no es suficiente para desmantelar las cabezas pensantes de toda esta trama de recaudación. Las extorsiones y las muertes siguen aumentando a pesar de los programas de la línea dura del Gobierno. Hay que ir a más allá, no sacando los blindados del Atlacatl, como sugieren algunos, sino acompañando toda la parte policial con otras medidas orientadas a la captura de las cabezas pensantes, como por ejemplo la investigación del blanqueo de dinero, la implantación y el endurecimiento de medidas contra la corrupción, el establecimiento de sistemas eficientes de protección de testigos, el acondicionamiento de más medios técnicos para la vigilancia contra el trafico de drogas, más controles en sectores sospechosos como las cárceles (la cárcel de Zacatecoluca es de dónde sale el mayor número de ordenes de extorsión), etc.

Si bien estas medidas no son nada nuevo para la FBI, sí lo son para nuestras fuerzas de lucha contra el crimen, ya que en nuestro país, por ejemplo, el sistema judicial no ofrece un programa integral de protección de testigos, ni tampoco en el marco legal existe una legislación completa y eficaz contra el lavado de dinero. Si se quiere acabar con la víbora, hay que destruirle la cabeza, no la cola, como se viene haciendo hasta ahora, y para ello se necesita voluntad y mucho dinero por parte del Estado para financiar e implementar todas estas medidas. Desgraciadamente, aunque para algunos el disco suene rayado, tenemos baile para un buen rato.
José Manuel Alias "Salarruepucá"

Si tiene algún comentario, haga clic aquí: josemanuel@intipucacity.com


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