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Escribir
sobre violencia en nuestro país como que ya no da el “pegue”
para algunos. Parece que el disco suena igual por todos lados:
la radio, la televisión, la prensa, etc., todos hablando
de lo mismo, del descalabro de la violencia, parece hasta rayado,
es como cuando la canción de moda empieza a cansar a las
audiencias. Sí solo fuera eso, cansancio, pero en realidad
la canción mata y sigue de moda, imparable, hasta Dios
sabe cuando.
Llevamos
ya más de 3 años con el tema de la violencia desbocada
de las maras y el “desmadre” por más que hablemos
de él, sigue escalando posiciones en la tabla de los grandes
problemas nacionales. Efectivamente, aunque para algunos el disco
suene rayado, todavía queda mucho baile. En agosto 2006,
según datos de la Policía Nacional Civil (PNC),
hubieron 370 asesinatos, 40 más que en el mismo mes del
año pasado. Es decir, durante el mes de agosto de este
año, hubieron de media 12 personas asesinadas al día,
un asesinato cada 2 horas. Esto es insostenible. La situación
supera ya de lejos a los peores momentos de la guerra.
Según
el sentir general de los medios, la ciudadanía y la serie
estadística -esa que mide solamente los altercados reportados
que terminan en muerte, que en realidad es sólo la punta
del “iceberg”- el problema va de “mal”
en “peor”. Es un fenómeno social aterrador.
No hay por donde agarrarlo. Los programas de “Mano Dura”
y “Súper Mano Dura” parecen que no son lo suficientemente
efectivos. La venganza, la extorsión y los asesinatos por
parte de las maras no se detienen. Por el lado contrario, el miedo
de la otra mara, la ciudadanía, tampoco se detiene, y las
fuerzas de seguridad están desbordadas ante el fenómeno.
Recuerdo
que el entonces candidato a presidente, el Sr. Tony Saca, dijo
textualmente en plena campaña electoral "haremos de
El Salvador el país más seguro de América".
La promesa, tal como se dijo, parecía creíble, pero
el cumplimiento, ese era otro problema más difícil
de resolver, por no decir imposible. Bajar los niveles de violencia
de El Salvador por debajo de, digamos, Canadá es un reto
casi infinito. Basta con un solo dato sanguinario para sostener
el argumento: en todo el año de 2005, Canadá registró
2 homicidios y 2.4 intentos de homicidio, mientras que El Salvador
registró 330 homicidios sólo en el mes de agosto
de 2005. Esto solo pone en evidencia la creatividad surrealista
que puede llegar a tener un político para decir tonterías
que sencillamente son inalcanzables, con tal de llegar al poder.
La culpa de la locura del crimen en el país, claro está,
no es de nuestro Presidente Tony Saca, ni de su Administración,
sino de los mareros asesinos. Ahora bien, si hacemos una evaluación
al Gobierno de Saca como responsable de la gestión de la
seguridad, la violencia y el crimen organizado, con datos objetivos
sobre la mesa, nuestra sentencia ha de ser clara: un rotundo “suspendido”.
En cuanto a su promesa de ser el país más seguro
de America: en un buen mascón de fútbol, las cosas
se zanjan en 90 minutos, a nuestro Presidente le quedan 3 años
para subirse al cuadrilátero y fajarse con los mafiosos
y hacer honor a su promesa. Veremos qué tal lo hace. Le
deseamos suerte. Por si acaso, ahí le van algunas reflexiones.
¿Cómo
se soluciona este “problemón”? Bueno para empezar
a dar leñazos aún más duros, se podría
elevar a la décima potencia la campaña policial
“Superman-o” agresiva. Esta ofensiva policial se podría
reforzar sacando la artillería pesada: el ejercito, en
especial los batallones Atlacatl y Belloso, como en sus mejores
momentos de la guerra. A esto, se le podría unir las unidades
especiales de combate de la Fuerza Área. Finalmente, se
podría hacer un mando logístico centralizado comandado
por las todopoderosas fuerzas del FBI, su unidad estratégica
anti-maras.
De
estas medidas “extremis”, todas a excepción
de la Fuerza Aérea, se han puesto en marcha para aliviar
la violencia. Sin embargo, el problema persiste y lo que es peor
se agrava aun más. ¿Qué más se puede
hacer? ¿Sacar los tanques a la calle? Estamos ante un enorme
problema bien “jodido”. Hay estudios que indican que
los problemas de violencia no se remedian con soluciones violentas.
Y hay otros, los militares, que indican que sí, siempre
que se realicen con un efecto “arrasador” y de “limpieza
total”, cosa que en nuestro país, por fortuna, no
se pueden realizar, debido a las leyes de los acuerdos de paz
y los convenios internacionales que se han ratificado. ¿Entonces
qué nos queda por hacer? Analicemos el problema más
a fondo.
Las
maras ya no son aquellas pandillas sueltas que andaban por ahí
hostigando al prójimo. Son verdaderas mafias, estratégicamente
organizadas, con un organigrama bien estructurado, con jefaturas,
direcciones, divisiones y cúpulas pensantes, arraigadas
en una ideología de extorsión, secuestro, venganza
y asesinato a cambio de la vida. Tristemente, o mejor dicho, “jodidamente”,
en esta movida hay gente de todo tipo, ricos y pobres, desde los
reclutillas, peones, narcotraficantes, mafiosos de profesión,
y, me atrevería a decir, hasta funcionarios públicos.
La
razón por la que me aventuro a embarrar algunos funcionarios
públicos es bien sencilla: estas maras mafiosas mueven
ya una cantidad de dinero demasiado grande. La Asociación
de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS) tiene unas
1000 unidades interdepartamentales sólo en Oriente. A 35
dólares cada bus a la semana saldría, por ejemplo,
una recaudación de “impuestos” de 35.000 dólares
semanal, unos 150,000 al mes.
Esta cantidad exorbitante podría ser la “renta”
aplicada a buseros del transporte interdepartamental, solamente
en la Zona Oriental del país. Si a esto le añadimos
las otras 2 partes del territorio nacional, más todos los
otros colectivos, victimas del impuesto de las maras, como el
transporte interurbano, el comercio minorista, el pequeño
profesional asalariado, o cualquier individuo o empresa con algo
de “cash” en sus bolsillos, esto podría ser
un gigantesco negocio de dimensiones impensables.
Es
difícil creer que toda esa recaudación sea manejada
únicamente por unas maras, es sencillamente demasiado dinero.
En un articulo de la Prensa Grafica, según el director
de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila,
“se está trabajando con la fiscalía”
para rastrear el flujo de dinero que según la propia PNC
“es manejado por la banca nacional”. A mí esto
me huele a algo más organizado, de más nivel que
de unas simples maras. Estas mafias comienzan a ser ya una amenaza
extremadamente peligrosa para la estabilidad del Estado. La violencia
en sí es sólo una parte de esta temible ecuación.
La otra parte, quizás la más alarmante, es que estas
maras y mafias organizadas empiezan a tener ya a su disposición
unas cantidades de dinero lo suficientemente importante como para
poder llegar a desestabilizar todo el sistema. No quiero ser alarmante,
pero el hecho que se hallan abierto sucursales del FBI en territorio
nacional significa que las maras y las mafias constituyen ya una
amenaza estratégica para el conjunto del Estado.
¿Qué
mas se puede hacer para bajar la tensión de los niveles
de violencia que amenaza ya al propio Estado? Además de
lo que ya se hace, se ha de atacar la raíz del asunto:
las jefaturas, las cúpulas y los dirigentes, los que verdaderamente
controlan todo este negocio. Hasta ahora, todo el esfuerzo de
los programas “Mano Dura” y “Súper Mano
Dura” se han centrado en parámetros policiales y
en el endurecimiento de las leyes. Pero eso no es suficiente para
desmantelar las cabezas pensantes de toda esta trama de recaudación.
Las extorsiones y las muertes siguen aumentando a pesar de los
programas de la línea dura del Gobierno. Hay que ir a más
allá, no sacando los blindados del Atlacatl, como sugieren
algunos, sino acompañando toda la parte policial con otras
medidas orientadas a la captura de las cabezas pensantes, como
por ejemplo la investigación del blanqueo de dinero, la
implantación y el endurecimiento de medidas contra la corrupción,
el establecimiento de sistemas eficientes de protección
de testigos, el acondicionamiento de más medios técnicos
para la vigilancia contra el trafico de drogas, más controles
en sectores sospechosos como las cárceles (la cárcel
de Zacatecoluca es de dónde sale el mayor número
de ordenes de extorsión), etc.
Si
bien estas medidas no son nada nuevo para la FBI, sí lo
son para nuestras fuerzas de lucha contra el crimen, ya que en
nuestro país, por ejemplo, el sistema judicial no ofrece
un programa integral de protección de testigos, ni tampoco
en el marco legal existe una legislación completa y eficaz
contra el lavado de dinero. Si se quiere acabar con la víbora,
hay que destruirle la cabeza, no la cola, como se viene haciendo
hasta ahora, y para ello se necesita voluntad y mucho dinero por
parte del Estado para financiar e implementar todas estas medidas.
Desgraciadamente, aunque para algunos el disco suene rayado, tenemos
baile para un buen rato.
José
Manuel Alias "Salarruepucá"
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