A pesar de algunos logros y las buenas apariencias, nuestro país, a veces, se empeña en arrastrarse por el sendero del abismo. El jueves 7 de septiembre, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un texto de ley -Dictamen 81, 46 votos a favor, 34 en contra- para dar luz verde al Gobierno de ARENA a emitir bonos a través de la fórmula del “Fideicomiso” para financiar la deuda de los pensionistas, sin tener que contar con el apoyo de los 56 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa, tal como marca la Constitución, en materia de emisión de deuda pública.

El artilugio financiero o proyecto de ley aprobado se llama “Fideicomiso”. El autor: ARENA. La razón se apellida “las pensiones cuestan demasiado al estado: 419 millones de dólares sólo en el 2006”. Y el fondo de todo es: “no hay dinero”. El problema no es sencillo. Es complicado y grave. Se trata de tapar un gran agujero financiero creado a raíz de la privatización de la Seguridad Social del país en 1996.

En vista de que los dos partidos mayoritarios, Arena y el FMLN, no hacen más que tirarse los chunches a la cabeza el uno al otro, se ha optado por un sistema que sólo retrasa la bomba financiera para que estalle en otro momento, allá por el 2026 o 2030. Los dos grandes partidos están radicalmente enfrentados. En lugar de poner las cuestiones y las posibilidades sobre la mesa y buscarle una cierta lógica al problema, lo que han hecho es irse cada cual por su cuenta: ARENA ha presentado el proyecto de “Fideicomiso” en la Asamblea, y el FMLN ha votado “no” y se ha marchado a su casa, abandonando la Asamblea, antes de discutir el dichoso artilugio financiero. Así estamos: ante un gran problema, los dos partidos más grandes se radicalizan, culpándose uno al otro. ARENA alega que es un problema que hay que resolver como sea, mientras el FMLN alega que el artilugio se salta la Constitución, y ayuda a las mafias poderosas del país.

Hemos creído que el problema, aunque no afecta a los intipuqueños de lleno, sí es digno de un pequeño análisis por nuestra parte, como para intentar hacer algo de buen periodismo, ese de primera que gusta algunos.

Vamos por partes. ¿Qué es “Fideicomiso”? Es un artefacto legal, técnicamente complicadísimo, en el que una persona o institución encarga unos bienes a otra persona o institución para que ésta los gestione en unos términos acordados previamente. El ejemplo simplificado sería: yo, el Estado, te encargo a vos, el Banco Cuscatlán, 2,000 títulos, que equivalen a un total de 2,000 pesos, para que vos los vendas al Fondo de Pensiones (todos los trabajadores legales del país), a quien más tarde se le reembolsará por los títulos. Todo esto estipulado bajo unas bases que se han de acordar, donde figuran entre otras, el garante o pagador del los títulos, el tiempo, los intereses, las comisiones, etc.

¿Qué son “títulos” o “bonos del estado”? Éstos son emisiones que hacen todos los estados en los mercados nacionales e internacionales para recaudar dinero para construir escuelas, hospitales, aeropuertos, etc. Estos bonos los compran las empresas e instituciones a un precio determinado y después dentro de 2, 5, o 10 años reciben del estado emisor el precio pagado por los bonos más los intereses generados, que pueden estar entre el 2% y el 7 %, según el mercado y la calidad de los propios bonos. La calidad de los bonos la mide una institución financiera, un banco u organismo de préstamo. La calidad de los bonos o títulos depende de la capacidad que tiene el garante, o sea el Estado, para honrar dicha deuda. Un sencillo ejemplo de emisión de títulos o bonos sería: yo, el Estado, te vendo 2,000 títulos. Vos, el Banco Cuscatlán, me das 2,000 pesos por los títulos, y yo, el Estado, en 5 años, te devuelvo a vos, el Banco Cuscatlán, los 2,000 pesos, más 300 por los intereses. Todo este sistema es lo que se conoce como emisión de deuda pública. Más simple sería: te doy 2,000 títulos y vos me das 2,000 pesos. En 5 años, yo te pago 2300 pesos.

¿Dónde está el problema de toda ésta movida con el dichoso “Fideicomiso”? Primero, se creó un agujero financiero cuando se privatizó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) del país en 1996. A partir de éste momento, se crean los “Fondos de Pensiones”, un sistema privado para los trabajadores que quieran una pensión. El agujero negro se creó en el cambio del sistema público al privado, porque había que compensar de alguna manera a los que en ese entonces estaban ya jubilados. Si yo me jubilé en 1995 o antes, y a partir de 1996 esto se privatiza, ¿a mí quién me paga ahora mi jubilación? ¿Tú con tus aportaciones a los Fondos de Pensiones que ahora son una cosa privada y particular? ¡Naturalmente que no! Me paga el Estado, puesto que yo había pagado antes de 1995 mi plan de jubilación dentro del sistema público.

Actualmente, estos Fondos de Pensiones constituyen una gran piscina de “pisto” de nada menos que 3 mil 600 millones de dólares, o sea esto es un “billetal”, casi la mitad del producto interior bruto. Este “pistal” lo manejan dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Confía y Crecer, a quienes, con la nueva ley, se les da luz verde para que pueden invertir hasta el 10% de ese “billetal” en inversiones estratégicas para conseguir rentabilidades más jugosas. El dinero de esta “gran piscina de pisto” viene de todos los pagos de todos los trabajadores. Es algo así como toda la suma de las aportaciones económicas de todos los trabajadores del país.

El Fondo de Pensiones actúa como una gran gaveta de un enorme almacén. Por un lado, el dinero que sale es en concepto de pago a los pensionistas ya jubilados, y por el otro, el dinero que entra es en concepto de aportaciones de los trabajadores para su plan de pensiones cuando se jubilen. O sea, es un gran círculo donde los ya jubilados cobran con el dinero de los que están ahora trabajando, apuntados al sistema. Por otro lado, una parte del fondo actúa, por su gran liquidez actual (dinero en cash), como el motor de la bolsa salvadoreña, invirtiendo un tope del 5% de su capital en productos financieros de todo tipo, hoteles, constructoras, aerolíneas, etc.

El Estado asume el pago de las pensiones del antiguo ISSS. A medida que se van jubilando los trabajadores que cotizaron al ISSS antes de 1996, el Estado tiene que completar el agujero que eso genera hasta llegar a pagar 419 millones de dólares en el 2006, y esto sólo es el principio, ya que la masa de jubilados sigue en aumento. Es un enorme problema que merece una solución cuando antes. Los 419 millones de dólares para tapar ese agujero supone el segundo gasto más grande en los Presupuestos Generales del estado, sólo por detrás del gasto en Educación, que llega a cerca de 600 millones.

Este gasto, hasta ahora más o menos manejable, el Estado lo financiaba a través de una partida excepcional en los Prosupuestos Generales. La emisión de bonos de deuda pública por parte del Estado requiere al menos 56 votos en la Asamblea Nacional, según la Constitución. Mientras que la aprobación de los Presupuestos Generales requiere sólo una mayoría simple de 43 votos. Que ocurre, que el FMLN cree que el problema requiere una dotación presupuestaría mediante la emisión de deuda pública para el cual se necesitan los 56 votos de la Asamblea, cosa que ARENA no tiene, por lo que el FMLN podría por primera vez bloquear los Prepuestos Generales del Estado. Lo que ARENA no está dispuesta a permitir. De ahí la urgencia del “Fideicomiso”.

El problema, como ven, es grande, pero sigue. El “Fideicomiso”, lo que hace es crear una gestora privada: el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) para que gestione unos bonos o títulos llamados Certificados de Inversión Previsional (CIP), emitidos por Hacienda para que sean comprados en su totalidad por el Fondo de Pensiones, que recordemos tiene una terrible liquidez de 3,600 millones de dólares de los cerca de 1 millón 300 mil trabajadores afiliados en todo el país.

Toscamente simplificado la operación sería: yo, el BMI, te doy 2,000 títulos a 20-25 años y vos, el Fondo de Pensiones, (todos los trabajadores del país) me das 2,000 pesos. En 20-25 años, yo, Hacienda, te devuelvo a vos, el Fondo de Pensiones, tus 2,000 pesos, más 300 en intereses. Así hasta llegar a construir todo un círculo a largo plazo para cubrir el agujero de los jubilados de la era previa a 1996. El artilugio es una auténtica obra maestra, apta sólo para los entendidos. ¿Dónde está la mafia de todo esto? Lo de que se salta la Constitución, como alega el FMLN, es una tontería, dado que el problema real es que no hay ningún garante o avalista legal que se haga cargo del pago de los títulos pasados los 20-25 años, momento del vencimiento. El texto legal habla de que el Ministerio de Hacienda se hará cargo “voluntariamente” del pago. ¿Por qué ha de ser el Fondo de Pensiones de los propios trabajadores quien compre estos títulos? Sencillamente porque en el mercado libre, este tipo de títulos es comparable sólo a los famosos bonos basura. ¿Qué institución financiera o empresa privada va a invertir en la compra de unos títulos, que no tienen ningún garante, avalista, o pagador legal? Nadie.

Por otro lado, el Fondo de Pensiones de los trabajadores va disminuyendo conforme a la masa creciente de la población. O sea que el crecimiento de empleo crece muchísimo más despacio que la población en edad de trabajar. Si a eso le añadimos la otra presión generada por la creciente corriente de nuevos jubilados, esto puede ser un auténtico patinazo para todo el Sistema de Pensiones dentro, naturalmente, de 20 -25 años, cuando empiecen a vencer los primeros títulos emitidos, porque recordemos el cliente es el propio Fondo de Pensiones, que ahora goza de ciertas reservas financieras, claro está, para cubrir todas las futuras jubilaciones de los trabajadores. Si Hacienda no puede pagar el dinero de los títulos más los intereses al Fondo de Pensiones y la masa de jubilados se multiplica, esto podría convertirse en una pesadilla para mucha gente allá por el 2027 o 2030. Podría ser algo parecido a lo que ocurrió en Argentina en el año 2000, el famoso “Corralito”: un vencimiento impagado de 4,500 millones de dólares en bonos emitidos por el Estado a 10 años en 1990 por el gobierno de Menem, pagaderos al Fondo Monetario Internacional.

¿Cómo es que esto no se hace eco en los periódicos o en el noticiero de las 6? No tengo ni idea. Esto es un gran negocio para el banco gestor de los títulos, que, con la ley en la mano, no tiene la “obligación”, de honrar el pago al cliente, el Fondo de Pensiones, porque no aparece en ningún lado dentro del proyecto de ley aprobado. En otras palabras, el Banco gestor no está obligado, por ley, a pagar los títulos emitidos a vencimiento. La obligación del pago queda en la “voluntad” del Ministerio de Hacienda, y si este Ministerio anda mal de dinero para cuando venzan los títulos, sencillamente no habrá pago, al menos que el Estado refinancie toda la operación por su cuenta llegado el caso. ¿Dónde está la noticia en los medios? El hecho de que el banco gestor sea el Banco Multisectorial de Inversiones, un pequeño monstruo de las finanzas que incluye en su junta directiva a los personajes de grandes grupos empresariales, desde constructoras, cadenas de radio y televisión, bancos, prensa, grandes almacenes, etc., puede ser una razón por la que no aparece la noticia mucho en los medios. La otra razón podría ser que este “volado” sólo lo entienden dos o tres personas en todo el país. Por otro lado, este es un negocio. El dinero en juego por la emisión de los títulos no son migas, sino una fácil tajada en comisiones para el gestor, ya que el cliente está captado, el dinero de todos los trabajadores del Fondo de Pensiones.

Por lo demás, esta genial idea no es nada ilegal. Es un artilugio sumamente complicado, que puede funcionar, y causar muchos ahorros para el Estado, siempre que la masa de trabajadores en el sistema de Fondos de Pensiones crezca a un ritmo ascendente respecto al número de nuevos jubilados. En otras palabras, si la economía marcha bien, el artilugio probablemente acabe funcionando. Esta obra maestra la entienden sólo los dioses de las finanzas: el superintendente de pensiones de Chile, Julio Bustamante (invitado especial en la Asamblea), el consejero presidencial de finanzas creativas, Rafael Lemus y el superintendente de pensiones de El Salvador, Víctor Antonio Ramírez, todos grandes sabios de las altas Finanzas, con doctorados de las Universidades de elite de EE.UU. No hay un sólo político que se atreva ni siquiera a comentar este tema, ya que se trata de un tremendo rompecabezas de números que supera a todos en la Asamblea, incluso al gran maestro arenero especialista en presupuestos y finanzas, Julio Gamero, a quien Lemus le escribió todo el discurso técnico que pronunció ante la votación del pleno.

El mayor problema que se le puede achacar a este sistema no es que sea un artilugio para los ricos, o que se salta la Constitución, como viene alegando el FMLN, o incluso que no vaya a funcionar, el gasto de los 419 millones, al fin y al cabo, es tan grave que merece la pena aventurarse. También hay que decir que todo este invento tiene algo positivo en el sentido de que el Estado reconoce el problema de la deuda de los pensionistas y lo transparenta, lo pone sobre la mesa. Sin embargo, el problema real, y ético a la vez, es que el riesgo de toda la operación –que, como en todo sistema financiero, tiene un precio que debe valorarse, concretarse y ser asumido por alguien en particular, normalmente, por la institución o la persona que recibe la parte gorda de los beneficios, que, en este caso, no son los pensionistas, sino el, gestor, el BMI y el Estado– se lo traga enteramente el Fondo de Pensiones. Dicho de otra forma, el riesgo real de toda esta aventura financiera, que se sustenta en unos resortes macroeconómicos, lo asume cada uno de los trabajadores en el sistema del Fondo de Pensiones. ¿Por qué? Porque no hay ningún garante en toda la operación. El gran garante de todo éste artilugio es la buena marcha de la economía, o sea nadie. Esto es lo verdaderamente denunciable. Así pues, si algo falla en el camino, todos los ahorros de los pensionados quedaran hipotecados en la buena “voluntad” del Ministerio de Hacienda. Esto no quiere decir que todo esta movida se halla hecho a lo loco o a ciegas, al contrario, se ha pagado mucho dinero a los expertos chilenos y los expertos del palacio presidencial para analizar bien las variables, crecimiento económico, tendencias demográficas, nivel de desempleo, proyección de masa de jubilados, etc. El detalle del riesgo, esa parte o no se tocó o sencillamente se asume que el Gobierno no dejará caer la economía por debajo de un crecimiento anual del 1.6%, punto más o menos de equilibrio para el artilugio funcione o no.

Todo el factor riesgo se arreglaría si en el texto de la ley pusiera “El Ministerio de Hacienda garantiza el pago de las emisiones”. Claro, no lo dice porque entonces sería una emisión de deuda pública pura y dura del Estado, y entonces el texto de la ley requeriría los 56 votos en la Asamblea que marca la Carta Magna, cosa que ARENA no tiene. Realmente, es una verdadera obra de arte, merecedora de algún premio.

¿Cuál es la solución a todo este problemón? Realmente esa parte supera mi nivel de análisis, pero el sentido común dice que a los grandes problemas, grandes soluciones, no parches pensados a la liguera. Parte de la solución puede estar en que los dos principales partidos, ARENA y el FMLN, se dejen de tonterías ideológicas, de posicionamientos extremistas, de tirarse los platos a la cabeza y de pleitos históricos. Deben sentarse y buscarle alguna solución medianamente lógica al problema, desde el compromiso y el diálogo.

José Manuel josemanuel@intipucacity.com