Los despidos de empleados públicos en la transición del nuevo gobierno han generado una gran polémica partidista y mediática en nuestro país. Es la primera vez que después de tantos cambios de gobierno se ha generado un gran debate por esta causa. En pasadas administraciones, no solo hubo despidos masivos, sino también nepotismo descarado, se formaron ejércitos de simpatizantes, correligionarios, militantes, ideólogos del partido oficialista, que nunca respondieron a los intereses del estado. El partido ARENA y los medios ultraconservadores no le dan ni un milímetro de espacio a justificar la mayoría de estos despidos, para ellos vale más un despido de un militante de derecha que usó su poder al servicio del partido, que las muertes descaradas y cobardes que están sucediendo en cabañas. Esto a pesar que el mator número de despidos se ha dado en la alcaldía de San Salvador y Antiguo Cuscatlan.

Aunque la mayoría de despidos ha sido la supresión de plazas debido a recursos presupuestarios y por haber encontrado las instituciones en una crisis económica, la población tiene derecho también a saber las arbitrariedades cometidas por los empleados públicos que respondieron solamente a intereses partidarios y desde allí montaron sus campañas políticas. Son numerosas las instituciones en las cuales hubieron plazas fantasmas, trafico de influencias, compadrazgo político o en las que prevaleció el interés por mantener el “status quo” de poder, que el verdadero interés de realizar un buen desempeño laboral, entre ellas podemos mencionar: El centro Nacional de Registros (CNR), el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), la Corte Suprema de Justicia, La Fiscalía General de la Republica, El Ministerio de RR EE, el de Obras públicas, etc.

Cada empleado público tiene derecho a tener su simpatía por cualquier instituto político o ideología, pero esa es una actividad que se puede, si se quiere, participar fuera de las horas laborales. Existen todavía servidores públicos que están bloqueando la gestión de los nuevos administradores.
A pesar de todo lo anterior, es menester que el gobierno del cambio y de la unidad nacional evalúe muy detenidamente los casos que ameritan especial atención –como lo ha expresado el presidente- que no solo se entregue una carta de despido sino que también se le cumpla el derecho a la explicación del por que de su destitución y de los derechos que el empleado cesado goza. No se puede afirmar que no hay casos en los que se han violado los derechos del empleado sin que esto pueda ser controlado por los jefes de las instituciones, pero esto no se puede generalizar ni politizar.

En la administración pública debe prevalecer la productividad, la mística de trabajo, el conocimiento y las aptitudes del empleado, el arte de servir antes que la afiliación política. El revanchismo partidista o ideológico no debe ser política del nuevo gobierno, pero la nueva administración debe enviar un mensaje firme para los empleados públicos que decidan trabajar por el país, que tengan claro que su función es servir al público, a la población y que debido al ciudadano común y corriente, ellos gozan de un trabajo estable y de un salario para suplir sus necesidades. Si esto se cumple, no importa la alternancia de los tres o cinco años, los empleados mantendrán sus puestos.
No se justifica en ningún momento que los superiores les pidan a sus empleados que con la nueva administración deben de ponerse la camiseta del partido de gobierno, si en caso, los empleados públicos pueden optar por ponerse una camiseta: la azul y blanco…la del pueblo.